El Congreso de la Unión solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 aspirantes a cargos en el Poder Judicial, argumentando que 18 de ellos enfrentan investigaciones por delitos graves y otros ocho no alcanzaron el promedio mínimo requerido para contender, establecido en ocho puntos.
En tres oficios dirigidos a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señalaron que los 18 candidatos bajo investigación carecen de idoneidad ética y legal para ocupar cargos judiciales, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Entre los casos más graves, diez de los postulantes enfrentan señalamientos por delincuencia organizada; cuatro, por delitos sexuales; dos, por delitos contra la salud; uno por desaparición forzada en perjuicio de un periodista, y uno más por amenazas y lesiones.
Destaca el caso de Arturo César Morales Ramírez, postulado como Magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y fue vinculado a juicios de la “Operación Limpieza”, lanzada en el sexenio de Felipe Calderón. También figura Jesús Karina Almada Rábago, señalada por su presunta relación con operativos del exfuncionario Genaro García Luna, y Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a juez penal en Nuevo León, detenido en 2023 con arma de fuego y estupefacientes.
Gutiérrez Luna subrayó que el proceso electoral no debe ser pretexto para vulnerar los principios de idoneidad, honorabilidad y legalidad exigidos a quienes aspiren a impartir justicia. “La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales. La idoneidad es un imperativo para preservar la legitimidad del Poder Judicial”, afirmó.
